Cs defiende cambiar el criterio de reparto de las ayudas europeas para Extremadura porque es un “despropósito”
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El portavoz de la formación naranja califica de “injustificable” el silencio del Gobierno autonómico para defender los intereses de los extremeños
Mérida, jueves 8 de abril de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha defendido que se cambien los criterios para el reparto de ayudas europeas que llegarán a Extremadura porque, ha indicado, “es un absoluto despropósito”.
“El reparto de estas ayudas penaliza a nuestra región porque se nos castiga porque nuestra caída en PIB o desempleo es menor que en otras comunidades pero es que es difícil estar peor”, ha lamentado en su intervención en la Asamblea de Extremadura en una propuesta del PP sobre este tema.
Así, Salazar ha indicado que “es injustificable el silencio” del Gobierno de Extremadura para defender los intereses de los extremeños.
“Se trata de un reparto que van a hacer Sánchez y Redondo en un cuarto oscuro”, ha criticado al tiempo que ha subrayado que habrá sectores extremeños que se quedarán fuera del reparto en una región poco industrializada, con las mujeres que son las que más han sufrido en la pandemia, con los índices de paro por encima de los 112.000 desempleados… “y van a permitir esa atrocidad”.
Y lo van a hacer después de que una aerolínea con 350 empleados “se lleve 50 millones de euros” porque se trata de una empresa “estratégica y relevante” según declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, “¿no son relevantes y estratégicos los 7.000 extremeños en ERTE o los más de 112.000 parados?”, ha cuestionado.
“Eso es lo que le importa al Partido Socialista Extremadura, su silencio le hace cómplice”, ha subrayado.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos a votado a favor de la propuesta del PP para instar a la Junta de Extremadura a que solicite al Gobierno de España la modificación de los criterios de reparto de las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 5/2021 de tal manera que se tenga en consideración la situación de partida de regiones, la población y el impacto durante la pandemia.
TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Por otro lado, el diputado de la formación naranja, Fernando Baselga, ha defendido en el pleno una propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a devolver de oficio las liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales efectuadas ilegalmente durante 2015 sobre la adquisición de fincas rústicas por matrimonios en régimen de gananciales, cuando uno de los cónyuges tiene la calificación de explotación Prioritaria y el otro no.
Además, en la propuesta también se recoge que se emita a las notarías de la región una circular para que dejen de aplicar el criterio impuesto en 2018, adaptándolo al nuevo criterio reflejado en el fallo del Tribunal Económico-Administrativo de Extremadura de fecha 30/12/2020.
Baselga ha defendido que esta propuesta afecta a personas del sector agrario que pretender ampliar sus explotaciones y se encuentra con que la Administración regional les gira impuestos que no tienen que pagar.
En este sentido, el diputado de la formación liberal ha destacado que la Ley 19/95 de modernización de explotaciones agrarias establece la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales entre el 75 y el 90% para los titulares de explotaciones prioritarias.
Así, ha criticado que en 2018 la consejería de Hacienda de Extremadura, “haciendo una interpretación torticera”, envío una circular a las notarías de la región instando a los notarios a informar a los compradores de fincas rústicas que la “compra de una finca por un matrimonio en gananciales cuando un cónyuge tiene la calificación de explotación prioritaria y el otro no, se les debe hacer dos liquidaciones, “una con las reducciones que contempla la Ley de Modernización y la otra liquidación sin reducción ninguna”.
“La Ley de Modernización es una ley nacional y única para toda España y este criterio de recaudación del impuesto solo se estaba aplicando en Extremadura”, ha criticado.
La propuesta ha sido rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista, mientras que el PP la ha apoyado y Unidas por Extremadura se ha abstenido.