Victoria Domínguez pide que las acciones se enmarquen dentro del Plan de Infraestructuras 2017-2020 empezando con una auditoría sobre la situación

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta de Ciudadanos por la que se insta a la Junta de Extremadura a poner en marcha una serie de medidas dirigidas a sustituir las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento de agua potable de Extremadura. “El primer acuerdo que ha tomado la Asamblea, explicó la portavoz de Ciudadanos, insta a la Junta “a realizar una auditoría sobre la cantidad y la situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable de nuestra comunidad autónoma”.

A él se suma el de “elaborar y aprobar un plan de eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento en Extremadura, en el que deberían colaborar las diputaciones, la Comunidad Autónoma y los propios ayuntamientos”.

Victoria Domínguez ha pedido que se estas medidas formen parte del Plan de infraestructuras 2017/2020 de la Junta de Extremadura y ha destacado que esta iniciativa obedece a la necesidad de proteger y prevenir al consumidor de los posibles riesgos ambientales que suponen la existencia de tuberías de fibrocemento en las redes de abastecimiento de Extremadura “para que la Junta asuma el compromiso de evaluar la situación, elabore un plan de eliminación y se comprometa a ello”.

La portavoz de Ciudadanos ha dejado claro que “el objetivo de esta propuesta de impulso no es crear alarma alguna entre a la población, y esto es algo que debe quedar muy claro”. “El objetivo, ha reiterado, es debatir sobre la conveniencia y necesidad futura de disponer de un plan de sustitución de estas conducciones por otras elaboradas con materiales que no presenten riesgo potencial para la salud pública”.

Desde 2003, la Directiva Europea 2003/18/CE, prohíbe este tipo de conducciones y contempla su sustitución a la vista de los efectos negativos que pueden tener sobre la salud de los ciudadanos, y en especial de los trabajadores que se ven obligados a manipularlas.

En España, el uso del amianto quedó prohibido en el año 2001, por Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001. En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se reconoce que la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento contaminadas con dichas fibras, suponen un riesgo para la salud que podría manifestarse en patologías a largo plazo.